Ocho colectivos exigen al alcalde que mientras se resuelve el contencioso suspenda la aplicación de la norma
El conflicto en torno a la ordenanza municipal que regula el ejercicio de la prostitución se agudiza. Colectivos sociales, culturales y de abogados interpusieron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso administrativo contra la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga (Ordenanza Cívica) por una posible vulneración de derechos fundamentales, informaron en un comunicado.
La Casa Invisible, Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, Ecologistas en Acción, Oficina de Derechos Sociales de Málaga, Precarios en Movimiento,Feministas Nómadas, FUGAS-Grupo de Estudios Micropolíticos y la Asociación Andaluza de Abogados y Juristas «Grupo 17 de Marzo» denuncian la «criminalización» del colectivo de trabajadoras del sexo, el «acoso económico» al que viene siendo sometido y el considerable incremento de sus condiciones de peligrosidad que la aplicación de la normativa viene generando.
Además, censuran lo «arbitrario» de la denominación «prácticas sexuales», que queda sujeto a la interpretación de los cuerpos de seguridad o las respectivas policías y manifiestan su desacuerdo con el hecho de que los principales ejecutores y responsables del cumplimiento de esta ordenanza sean los cuerpos de seguridad o las respectivas policías, a las que se faculta para analizar los hechos, enjuiciarlos y juzgarlos, permitiendo y concretando las sanciones hasta el mínimo detalle, sin que se contemple la creación paralela de un organismo independiente de investigación, seguimiento y corrección sobre las actuaciones de la Policía municipal al que la ciudadanía pueda acceder con total garantía de imparcialidad, reza el comunicado.
Por este motivo, los colectivos que han recurrido recomiendan al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que el Ayuntamiento de Málaga suspenda la aplicación de la ordenanza, al menos en las partes que puedan vulnerar los derechos de los grupos más débiles, y atienda las peticiones de los diferentes colectivos que han manifestado su oposición. Indican además que no se ofrecen medidas reales de integración de determinados grupos, por ejemplo personas mendigas y excluidas. «Las acciones previstas no pasan de ser meros enunciados de buenas intenciones, dado que en ningún momento se arbitran medidas concretas, eficaces, posibles y creíbles. Lo único que concreta la normativa son las medidas policiales y las sanciones a imponer», consideran.
A juicio de estas asociaciones, se pretende homogeneizar el modo de ser, pensar y actuar de todas las personas, lo que en definitiva supone optar por que se «evaporen aquellas que son diferentes, marginando aún más a las personas excluidas, entendiendo que molestan a las mayorías».
Un conflicto enquistado
El problema y el conflicto en torno a la prostitución va aumentando con el paso de los días, ya que esta misma semana se celebró una reunión de la mesa de la prostitución en la que todas las partes implicadas, vecinos, empresarios, prostitutas y organizaciones que trabajan con el colectivo, manifestaron su descontento con la aplicación de la ordenanza. Los vecinos y empresarios se quejan de seguir padeciendo las consecuencias de esta actividad, mientras que las chicas reclaman una ubicación en las que poder ejercer sin molestar a nadie y aseguran que no se marcharán de las zonas habituales hasta que esto ocurra.
La ONG Médicos del Mundo ha ido a mayores y abandonó la mesa de la prostitución tras lanzar duras críticas contra el Ayuntamiento, al que acusa de sancionar mayoritariamente a las prostitutas y no a los clientes, además de «criminalizar» al colectivo. El martes tendrá lugar un nuevo encuentro en el que se pretende buscar una ubicación que contente a todos.
La Casa Invisible, Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, Ecologistas en Acción, Oficina de Derechos Sociales de Málaga, Precarios en Movimiento,Feministas Nómadas, FUGAS-Grupo de Estudios Micropolíticos y la Asociación Andaluza de Abogados y Juristas «Grupo 17 de Marzo» denuncian la «criminalización» del colectivo de trabajadoras del sexo, el «acoso económico» al que viene siendo sometido y el considerable incremento de sus condiciones de peligrosidad que la aplicación de la normativa viene generando.
Además, censuran lo «arbitrario» de la denominación «prácticas sexuales», que queda sujeto a la interpretación de los cuerpos de seguridad o las respectivas policías y manifiestan su desacuerdo con el hecho de que los principales ejecutores y responsables del cumplimiento de esta ordenanza sean los cuerpos de seguridad o las respectivas policías, a las que se faculta para analizar los hechos, enjuiciarlos y juzgarlos, permitiendo y concretando las sanciones hasta el mínimo detalle, sin que se contemple la creación paralela de un organismo independiente de investigación, seguimiento y corrección sobre las actuaciones de la Policía municipal al que la ciudadanía pueda acceder con total garantía de imparcialidad, reza el comunicado.
Por este motivo, los colectivos que han recurrido recomiendan al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que el Ayuntamiento de Málaga suspenda la aplicación de la ordenanza, al menos en las partes que puedan vulnerar los derechos de los grupos más débiles, y atienda las peticiones de los diferentes colectivos que han manifestado su oposición. Indican además que no se ofrecen medidas reales de integración de determinados grupos, por ejemplo personas mendigas y excluidas. «Las acciones previstas no pasan de ser meros enunciados de buenas intenciones, dado que en ningún momento se arbitran medidas concretas, eficaces, posibles y creíbles. Lo único que concreta la normativa son las medidas policiales y las sanciones a imponer», consideran.
A juicio de estas asociaciones, se pretende homogeneizar el modo de ser, pensar y actuar de todas las personas, lo que en definitiva supone optar por que se «evaporen aquellas que son diferentes, marginando aún más a las personas excluidas, entendiendo que molestan a las mayorías».
Un conflicto enquistado
El problema y el conflicto en torno a la prostitución va aumentando con el paso de los días, ya que esta misma semana se celebró una reunión de la mesa de la prostitución en la que todas las partes implicadas, vecinos, empresarios, prostitutas y organizaciones que trabajan con el colectivo, manifestaron su descontento con la aplicación de la ordenanza. Los vecinos y empresarios se quejan de seguir padeciendo las consecuencias de esta actividad, mientras que las chicas reclaman una ubicación en las que poder ejercer sin molestar a nadie y aseguran que no se marcharán de las zonas habituales hasta que esto ocurra.
La ONG Médicos del Mundo ha ido a mayores y abandonó la mesa de la prostitución tras lanzar duras críticas contra el Ayuntamiento, al que acusa de sancionar mayoritariamente a las prostitutas y no a los clientes, además de «criminalizar» al colectivo. El martes tendrá lugar un nuevo encuentro en el que se pretende buscar una ubicación que contente a todos.
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