Piden asegurar a sexoservidoras

Jairo Guarneros Sosa integrante del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli.

Algunas de ellas dan una cuota ‘voluntaria’ al Ayuntamiento,
sin recibir nada en retribución

Martes, 08 Febrero 2011

Karla Villagómez
EL MUNDO DE ORIZABA
Si el Ayuntamiento les exige un impuesto a las sexoservidoras tendría que otorgarles Seguridad Social por la cuota “voluntaria” que algunas de ellas ya aportan, ya que no reciben nada en retribución.
Jairo Guarneros Sosa, integrante del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, manifestó lo anterior debido a la situación actual que atraviesa la ciudad con respecto al cobro de impuestos, y señaló que el Colectivo no se negaría a platicar con las autoridades en caso de querer establecer un impuesto, siempre y cuando sea para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales.
Hace ya cerca de 14 años que han insistido a las autoridades les explique las causas por las cuales tienen que aportar una cuota mensual y además quedó establecido como una cooperación voluntaria, pues cuando no pagan son acosadas y sancionadas
Además, algunos dueños de bares son los que permiten esto al poner anuncios solicitando muchachas, les ofertan un salario o un ingreso y ya que están en la práctica dicen que no son sus trabajadoras y es a través de ellos que obligan a las mujeres a ir al Ayuntamiento a cubrir su cuota mensuales.
Con esta situación violentan sus garantías individuales y sus derechos, aseveró Guarneros Sosa, quien dijo que las más de 30 compañeras agrupadas en el Colectivo hace ya un tiempo dejaron de pagar estas cuotas, las cuales calificó de ilegales y anticonstitucionales.
En los recibos que les daban les ponían que era “cooperación voluntaria para obra pública” y el oficio es “mesera ambulante”, por lo que dijo que lo voluntario es entre comillas, porque si no pagan son detenidas.
Asimismo, tampoco deben obligarlas a hacerse la prueba de VIH, sino por el contrario deben permitir que la gente acuda voluntariamente, porque en el fondo hay una discriminación de género, ya que sólo es a las trabajadoras sexuales a las que se les obliga.
“Para que haya un caso de infección tuvo que haber dos partes, quien ofrece sus servicios y quien los recibe, entonces también deberían obligar a los clientes a que tenga sus documentos de salud”, dijo.
Además si detectan que una de las sexoservidoras vive con VIH, la reacción contra ellas es retirarla del trabajo sexual, pero no le dan alternativas de ingresos económicos, como los que está percibiendo.
Estas mujeres que en su mayoría son analfabetas, de escasos recursos, madres solteras o algunas ya son mayores, por lo que no les es fácil colocarse en ningún trabajo.
Mencionó que acuden periódicamente al Centro de Salud a realizarse exámenes, los cuales en ocasiones quedan incompletos por falta de reactivos, pero las pruebas siguen siendo gratuitas.